Mientras UGT exigía a la Consejería de Salud de la Generalitat catalana celeridad en el desarrollo del decreto de terapias naturales —no en vano se ha convertido en el representante de más de la mitad de los profesionales de este sector—, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidía la semana pasada frenar la norma de forma cautelar al observar la posibilidad de que vulnerara competencias exclusivas del Estado, tales como la regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos profesionales, recogida en la Constitución.

La suspensión cautelar se ha centrado en los aspectos que se refieren a la naturopatía con criterios homeopáticos, respondiendo al recurso presentado por la Academia Médico Homeopática de Barcelona, en el que se aducía que el decreto podría causar perjuicios irreparables al autorizar a sujetos no licenciados en Medicina o Cirugía, recetar fármacos homeopáticos antes del diagnóstico.

Las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar. Mientras UGT denuncia la parálisis administrativa, la Generalitat guarda un prudente silencio, que contrasta con las declaraciones del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, o el de Fisioterapeutas, quienes celebran sin paliativos la suspensión cautelar del decreto. Según Isabel Giralt, presidenta de la sección de médicos acupuntores del COMB, el auto del TSJC no es más que el inicio del fin de "un decreto desastroso que no ha tenido en cuenta las leyes de garantías sanitarias", mientras que Francesc Escarmis, decano del Colegio de Fisioterapeutas, declara que esta decisión puede afectar al resto de puntos del decreto y a todas las competencias que se querían reglamentar.